Huesca, 16 de noviembre de 2024. En la Jornada Vivienda, ¿un derecho o un negocio?, realizada en el Espacio Rosa Luxemburgo el día 15 de noviembre, tuvo lugar una mesa redonda, moderada por Montse Consejo, con la intervención de varios ponentes, tras las cuáles llegó el turno de preguntas y debate entre las cerca de 30 personas asistentes a la jornada.
El primero en intervenir fue Daniel Sorando, profesor de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza y autor del libro "First we take Manhattan, la destrucción creativa de las ciudades ", quien presentó el conflicto de la vivienda como el mayor conflicto social de nuestros días en el que, desde hace más de 50 años, las diferentes políticas públicas de vivienda habrían ido ahondando en la desigualdad. Al no contar con un sistema público de vivienda, hemos pasado del eslogan franquista de “País de propietarios” al de “País de los Desahucios”, en la década del 2010 al 2020, y al creciente “País de inquilinos/as y grandes tenedores”.
Frente a una Europa en la que los Estados cuentan con un 10 o 20 % de vivienda pública, en España no se llega al 2% de vivienda pública. La inmensa mayoría de promociones de VPO que se construyeron durante la democracia, finalmente se privatizaron, y se cerraron las cooperativas que las habían impulsado.
Tras la crisis del 2008, la nueva política impulsada por Luis de Guindos fue la de compra de vivienda por parte de los fondos de inversión y la puesta en alquiler a precios inasequibles para un sector importante de la población. El nicho de negocio ha sido también aprovechado por los multipropietarios repartiéndose el 20% de la propiedad en alquiler.
En Aragón las cifras actuales nos dicen que se destina un 42% de los ingresos para el alquiler, habiendo aumentado los precios más de un 58%, mientras que los salarios lo han hecho en un 35%.
A continuación, Pablo Híjar, redactor de Arainfo y exconcejal de Vivienda en Zaragoza con ZEC, denunció que las políticas de vivienda se han basado en mentiras y en propuestas que han llevado a confusión al conjunto de la población. Las Viviendas de Protección Oficial, que deberían haber sido viviendas de alquiler, finalmente se convirtieron en vivienda privada, perdiendo así el Estado vivienda pública. De hecho, Pablo Híjar considera que el nombre de Vivienda Pública debería limitarse a aquellas viviendas cuya propiedad es siempre pública.
César Torres, de la Plataforma de Vivienda de Huesca, señaló la cada vez mayor importancia de Caixa Bank y BlackRock en el sector inmobiliario, así como de algunas "familias" que están adquiriendo un gran número de viviendas para alquilar. Denunció también las Infraviviendas de Camino de Jara, así como las condiciones habitacionales infrahumanas en las que están viviendo algunas familias en Huesca por la imposibilidad de acceder a una vivienda en buenas condiciones.
Las viviendas compartidas e, incluso las habitaciones compartidas, son realidades a las que las Administraciones Públicas tienen que dar una solución digna, aunque parece que la voluntad política mira más hacia el modelo no regulado de "alquileres asequibles", pisos turísticos o para estudiantes, que en nada resuelven los verdaderos problemas del acceso a la vivienda por parte de la gran mayoría de la ciudadanía.
Para finalizar, Javi, representante del Colectivo por una Vivienda Digna de Benasque, puso sobre la mesa la realidad del valle, con mucha vivienda vacía y sin oferta para quienes quieren vivir en el territorio.
Tras el debate en el que participaron tanto los ponentes como las personas asistentes, se concretaron distintas propuestas de actuación:
Organizarse de forma urgente en torno a colectivos o Plataformas de Vivienda o Sindicatos de Inquilinas, así como la urgencia de exigir a las Administraciones la construcción de Vivienda Pública de alquiler Social.
Trabajar para conseguir que la vivienda se reconozca como un verdadero derecho.
Denunciar los anuncios que cuentan bulos y favorecen la desinformación de la población, como los relacionados con la ocupación ilegal de viviendas o las personas extranjeras: en Fraga, por ejemplo, se ha generado un ambiente de miedo y no se alquilan a los inmigrantes, existe mucha gente durmiendo en la calle es un problema social y hay una lucha con las administraciones, existe una normativa de seguridad engañosa.
Existe una explotación habitacional, es necesario hacer un mapa para saber dónde se hallan concentrados contratos tóxicos para poderlo denunciar.
Regular desde los ayuntamientos que cualquier constructora aporte el 10% de la vivienda en especie para que dicha vivienda pase a ser vivienda social.
Denunciar cómo hay grandes empresas que están detrás de las urbanizaciones que cobran los pisos a más de 300.000 €, como los de la calle doctor Artero.